La RED DEMOCRACIA CIUDADANA exige la inmediata destitución de Daniel Delgado Diamante. Es inadmisible, irrespetuoso e inhumano que un sujeto vinculado a ejecuciones permanezca en un puesto público.
Manuel Castro Rodríguez Para Kaos en la Red
Del 18 de julio al 18 de agosto estuve en Cuba. Regresé a Panamá en la noche del 18 de agosto; cuando al día siguiente me enteré que el gobierno de Martín Torrijos había aprobado los decretos-ley sobre seguridad -legalizan el terrorismo de Estado al servicio del imperialismo yanqui-, me integré inmediatamente a la Red Democracia Ciudadana.
El 1 de septiembre de 2008, la Red Democracia Ciudadana pidió la destitución del ex teniente coronel Daniel Delgado Diamante, ministro de Gobierno y Justicia. El catedrático Miguel Antonio Bernal -profesor de Derecho Constitucional y un viejo luchador por los derechos humanos-, declaró: “El ministerio Público está en la obligación de separar de sus cargo al ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante”. La Red denunció al titular de Justicia ante el Ministerio Público, por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
El 17 de septiembre de 2008, por segunda vez en dos semanas, la Red Democracia Ciudadana acudió a la Procuraduría General de la Nación para querellarse contra los 12 miembros del Consejo de Gabinete, entre los que figura el titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante.
La denuncia se fundamenta en que esos funcionarios se extralimitaron en sus funciones al suscribir la aprobación de los decretos-ley, entre los que se encuentra aquel donde se reforma el Consejo de Seguridad y se crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. Los otros dos decretos-ley aprueban la creación del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, que surgió tras la fusión del Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional. Estos dos últimos servicios empezarán a regir en diciembre próximo, según disposición de los propios decretos-ley que los crea.
“Delgado Diamante y el resto de los ministros hicieron caso omiso a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 158 de la Constitución, en el sentido de que los decretos ley no pueden comprender el desarrollo de las garantías fundamentales”, se indica en la denuncia.
Al aprobar esos decretos ley, los ministros violaron flagrantemente las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, el debido proceso, la libre expresión, la inviolabilidad del domicilio, reunión y acceso a la información consagrado en los artículos 22, 26, 27, 32, 37, 38 y 42 de la Carta Magna.
La Red Democracia Ciudadana realizó dos marchas a la Asamblea Nacional de Diputados, donde solicitamos cortesía de sala para pedirle el rechazo de los decretos-ley. Hoy, emitió el siguiente comunicado.
El 1 de septiembre de 2008, la Red Democracia Ciudadana pidió la destitución del ex teniente coronel Daniel Delgado Diamante, ministro de Gobierno y Justicia. El catedrático Miguel Antonio Bernal -profesor de Derecho Constitucional y un viejo luchador por los derechos humanos-, declaró: “El ministerio Público está en la obligación de separar de sus cargo al ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante”. La Red denunció al titular de Justicia ante el Ministerio Público, por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
El 17 de septiembre de 2008, por segunda vez en dos semanas, la Red Democracia Ciudadana acudió a la Procuraduría General de la Nación para querellarse contra los 12 miembros del Consejo de Gabinete, entre los que figura el titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante.
La denuncia se fundamenta en que esos funcionarios se extralimitaron en sus funciones al suscribir la aprobación de los decretos-ley, entre los que se encuentra aquel donde se reforma el Consejo de Seguridad y se crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. Los otros dos decretos-ley aprueban la creación del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, que surgió tras la fusión del Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional. Estos dos últimos servicios empezarán a regir en diciembre próximo, según disposición de los propios decretos-ley que los crea.
“Delgado Diamante y el resto de los ministros hicieron caso omiso a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 158 de la Constitución, en el sentido de que los decretos ley no pueden comprender el desarrollo de las garantías fundamentales”, se indica en la denuncia.
Al aprobar esos decretos ley, los ministros violaron flagrantemente las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, el debido proceso, la libre expresión, la inviolabilidad del domicilio, reunión y acceso a la información consagrado en los artículos 22, 26, 27, 32, 37, 38 y 42 de la Carta Magna.
La Red Democracia Ciudadana realizó dos marchas a la Asamblea Nacional de Diputados, donde solicitamos cortesía de sala para pedirle el rechazo de los decretos-ley. Hoy, emitió el siguiente comunicado.
COMUNICADO DE LA RED DEMOCRACIA CIUDADANA
Panamá, 20 de octubre de 2008
Desde que se formó la RED DEMOCRACIA CIUDADANA señalamos que Daniel Delgado Diamante estaba inhabilitado para el cargo de Ministro de Gobierno y Justicia, por dos razones: primero, porque los familiares de Félix Antonio Serrano, asesinado el 15 de abril de 1983 informaron a la Comisión de la Verdad que su ejecución señala a Daniel Delgado Diamante como el posible responsable, y segundo, porque en su cargo de Teniente Coronel del Estado Mayor de Manuel Antonio Noriega participó por acción, complicidad o encubrimiento de los crímenes y del narcotráfico de la dictadura.
Hoy en el Diario La Prensa aparece la noticia que Daniel Delgado Diamantemató a un subalterno, Andrés García, en la residencia de éste el 8 de febrero de 1970.
La RED DEMOCRACIA CIUDADANA exige la inmediata destitución de Daniel Delgado Diamante. Es inadmisible, irrespetuoso e inhumano para nuestro país que un sujeto vinculado a ejecuciones permanezca en un puesto público.
La historia del militarismo en Panamá con sus organismos secretos, que es lo que persigue Daniel Delgado Diamante con los Decretos Ley aprobados por el Ejecutivo, es la historia del terror y de la muerte, por eso exhortamos a la comunidad a exigir su derogatoria.
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